Registro de deudores alimentarios morosos (REDAM)
El registro de deudores alimentarios morosos (REDAM) es una base de datos oficial donde se inscriben los ciudadanos que no cumplen con sus obligaciones alimentarias en Colombia. Fue establecido por la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), la cual hace referencia a la protección integral de los menores de edad. Esta ley tiene un enfoque en el bienestar de los niños y niñas, y busca garantizar su derecho a recibir una pensión alimentaria. El registro de deudores alimentarios morosos (REDAM) tiene como objetivo la protección de los menores de edad y la exigibilidad de la pensión alimentaria. Su creación busca que los deudores alimentarios enfrenten consecuencias adicionales por no cumplir con su obligación de proveer los recursos necesarios para el sustento, educación y salud de los menores. Este mecanismo tiene un impacto directo en la vida social y económica de los individuos, ya que la inclusión en el REDAM puede generar restricciones para acceder a ciertos servicios, realizar trámites financieros y ejercer derechos civiles.
Normatividad vigente relacionada con el REDAM
El REDAM tiene una base normativa en varias leyes y decretos que regulan el tema de las pensiones alimentarias en Colombia, siendo los principales los siguientes:
- Ley 1098 de 2006: Es el Código de la Infancia y la Adolescencia, que establece las bases para el cuidado, bienestar y protección de los niños y niñas en Colombia. Esta ley da origen al REDAM, estableciendo que los deudores alimentarios que no cumplan con sus responsabilidades serán incluidos en este registro.
- Ley 1 de 1991: La Ley 1 de 1991 establece el procedimiento para la adopción de medidas en el caso de los deudores alimentarios morosos, y proporciona las bases para que las autoridades judiciales tomen decisiones respecto a la inclusión de los deudores alimentarios en el REDAM.
- Ley 23 de 1981: Esta ley regula la responsabilidad alimentaria y los mecanismos de ejecución de las pensiones alimentarias. La ley establece que las personas que no cumplan con la pensión alimentaria pueden ser procesadas judicialmente.
- Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso): Regula el proceso judicial para la ejecución de las pensiones alimentarias y detalla el procedimiento a seguir en caso de morosidad. En este sentido, también se contempla la opción de inscribir al deudor en el REDAM.
- Decreto 1609 de 2003: Regula los aspectos administrativos de la ejecución de las pensiones alimentarias, incluyendo el proceso de inclusión en el REDAM.
- Ley 1822 de 2017: Esta ley refuerza las medidas para combatir la morosidad en las pensiones alimentarias y establece el aumento de las sanciones para los deudores que no cumplan con sus responsabilidades.
- Ley 1908 de 2018: Modificó la Ley 1098 de 2006, haciendo énfasis en la eficacia de las medidas para garantizar el cumplimiento de las pensiones alimentarias.
Cómo se utiliza el REDAM
- Requisitos para la inclusión en el REDAM: Para que un deudor alimentario sea incluido en el REDAM, debe existir una sentencia judicial que declare la morosidad. Esta sentencia es el resultado de un proceso judicial en el que se demuestra que el deudor no ha cumplido con su obligación alimentaria. La persona afectada, generalmente la madre o el tutor legal del menor, puede presentar la solicitud para la inclusión en el registro.
- Proceso de inclusión: El proceso de inclusión en el REDAM se inicia cuando un juez de familia dicta una sentencia que declara la mora alimentaria de un individuo. El juez puede ordenar la inclusión del deudor en el REDAM tras un procedimiento judicial que certifique la falta de pago.
- Consecuencias para los deudores: Estar inscrito en el REDAM tiene varias consecuencias. Una de las más destacadas es que los deudores pueden enfrentar restricciones en su capacidad de acceder a créditos bancarios, realizar trámites notariales, obtener ciertos servicios financieros o participar en otras actividades económicas. Esto actúa como un incentivo para que los deudores cumplan con sus responsabilidades.
Duración de la inscripción:
La duración de la inscripción en el REDAM depende del cumplimiento de la obligación alimentaria por parte del deudor. Si el deudor comienza a pagar la pensión alimentaria y demuestra que está al día con sus obligaciones, puede solicitar la eliminación de su nombre del registro. El tiempo de permanencia en el REDAM varía según el caso y la resolución judicial.
Impacto social y económico: La inclusión en el REDAM puede tener efectos negativos en la vida de los deudores, afectando su reputación y generando dificultades para realizar ciertos trámites. Además, esta medida busca sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de cumplir con las responsabilidades alimentarias, sobre todo en un contexto donde los niños y adolescentes son los principales afectados.
¿Qué derechos tienen los deudores alimentarios respecto al REDAM?
Aunque el REDAM está diseñado para garantizar el cumplimiento de las pensiones alimentarias, los deudores alimentarios también tienen derechos frente al proceso.
Algunos de estos derechos son:
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- Derecho a la defensa: El deudor tiene derecho a ser oído y a presentar sus argumentos y pruebas en su defensa antes de ser incluido en el registro. Esto es parte de un debido proceso judicial.
- Acceso a la información: El deudor tiene derecho a saber si ha sido incluido en el REDAM y tiene la posibilidad de solicitar la eliminación de su nombre del registro una vez cumpla con sus obligaciones.
- Revisión judicial: Si el deudor considera que su inclusión en el REDAM es incorrecta o que ha cumplido con sus responsabilidades alimentarias, puede presentar una solicitud ante un juez para que se revise su situación.
Implicaciones de la normatividad vigente para los deudores alimentarios
La normatividad vigente en Colombia establece medidas para hacer cumplir la pensión alimentaria, lo que implica que los deudores enfrentan sanciones significativas si no cumplen con su obligación. La inclusión en el REDAM es una de esas sanciones. Sin embargo, también existen mecanismos para que los deudores puedan regularizar su situación. El sistema legal colombiano ha sido diseñado para equilibrar los derechos de los niños y adolescentes con las garantías procesales de los deudores. Las leyes permiten que estos últimos puedan defenderse si consideran que las sanciones son injustas o que la morosidad no es intencional.